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LA LIBERTAD DE LOS LOBOS Y EL ENTUSIASMO DE LAS OVEJAS.

 

Capítulo I. Primero nos vendieron la globalización. Ahora nos pasan la factura. 

Hay algo verdaderamente admirable en el liberalismo económico contemporáneo: su extraordinaria capacidad para presentar las consecuencias de sus propias decisiones como desgracias inevitables de las que, naturalmente, no es responsable. Es una habilidad que, de no resultar tan cara para los demás, merecería nuestro aplauso.

Y es que, hace ya algunas décadas, los movimientos antiglobalización cometieron la imperdonable extravagancia de advertir que permitir a las grandes empresas producir allí donde los salarios eran miserables, los derechos laborales apenas existían y las obligaciones sociales constituían poco más que una excentricidad acabaría poniendo en peligro las conquistas del Estado del bienestar.

Naturalmente, aquellos «melenudos» fueron inmediatamente tachados de radicales, ingenuos y enemigos del progreso. Algunos medios de comunicación, haciendo gala de esa admirable capacidad para confundir el rigor periodístico con el aseo personal, prefirieron describirlos como una pandilla de sucios y piojosos, acompañados de perros cuya principal contribución a la civilización consistía en tocar instrumentos de viento.

Era, sin duda, mucho más sencillo desacreditar el aspecto de quienes anunciaban el desastre que molestarse en examinar las razones por las que lo anunciaban. Al fin y al cabo, la gran ventaja de tener razón demasiado pronto es que los demás disponen de tiempo suficiente para llamarte idiota antes de darte la razón.

Amigos. Siempre ha resultado mucho más cómodo desacreditar a quien anuncia un problema que renunciar a los beneficios de provocarlo.

Aquellos movimientos defendían, en realidad, una idea bastante razonable, lo que probablemente explica que resultara tan sospechosa: que la globalización debía servir para extender el bienestar, no para internacionalizar la explotación.

Si las mercancías podían atravesar fronteras, ¿por qué no los derechos laborales? Si el capital podía viajar libremente, ¿por qué no las garantías sociales? Si los beneficios podían instalarse donde menos impuestos pagasen, ¿por qué no podían exigirse unas condiciones mínimas de dignidad allí donde se generaban?

Preguntas incómodas, sin duda. Sobre todo para quienes ya conocían las respuestas y preferían no compartirlas. Pero triunfó la otra idea de libertad. La libertad de producir donde los trabajadores cobraban menos, vender donde los consumidores podían pagar más y tributar donde las obligaciones resultaban más discretas. Una libertad extraordinariamente generosa con el capital y bastante menos entusiasta con quienes tenían que trabajar para él. Y así, durante décadas, nos explicaron que aquella era la senda inevitable hacia la prosperidad.

La prosperidad llegó, desde luego. Aunque, como sucede con ciertos invitados distinguidos, mostró una curiosa preferencia por alojarse siempre en las mismas casas. Ahora asistimos al segundo acto de esta deliciosa comedia. Una vez consolidado el modelo, sus más fervientes defensores nos comunican, con expresión compungida y la solemnidad de quien acaba de descubrir una tragedia, que nuestro Estado del bienestar es demasiado caro:

-Las pensiones son insostenibles.

-Trabajamos pocas horas.

-Disfrutamos de demasiados festivos.

-Nos jubilamos demasiado pronto.

-La sanidad pública cuesta una fortuna.

Y los derechos laborales, por lo visto, tienen el pésimo gusto de dificultar la competitividad.

Resulta enternecedor.

Primero nos obligaron a competir con sistemas económicos que ofrecían mucha menos protección a sus trabajadores. Ahora nos explican que, para poder competir, debemos parecernos cada vez más a ellos. Sin duda es una lógica impecable, siempre que uno acepte que el objetivo del progreso consiste en retroceder. Aunque lo verdaderamente fascinante es que presentan esta nueva renuncia como una necesidad económica y no como una decisión política como si las reglas del comercio internacional, los paraísos fiscales, la competencia entre sistemas laborales o la distribución de los beneficios fueran fenómenos meteorológicos.

Una tormenta, una sequía, un recorte de pensiones. Desgracias naturales ante las que, lamentablemente, nada puede hacerse. Salvo, por supuesto, aumentar los beneficios empresariales, pues para eso siempre parece existir un margen de maniobra admirable.

Pero sería injusto reservar toda nuestra admiración para quienes han diseñado este sistema. También merece un reconocimiento especial una parte de quienes lo padecen. Porque hemos llegado a un momento verdaderamente extraordinario: millones de personas que dependen de su salario, de la sanidad pública, de la educación pública y de una pensión digna han terminado convencidas de que su prosperidad depende de conceder todavía más ventajas a quienes ya poseen casi todas. Una una forma de optimismo que desafía cualquier explicación racional. Como decía aquel chiste, es algo parecido a creerse que le gustas a la stripper. No cabe duda de que te sonríe. Lo discutible es que lo haga por amor.

Y así encontramos trabajadores que defienden políticas destinadas a debilitar su capacidad de negociación, ciudadanos que reclaman menos impuestos sin preguntarse qué servicios dejarán de recibir y jóvenes que, incapaces de acceder a una vivienda, depositan sus esperanzas en quienes consideran que el mercado debe resolverlo todo.Hay algo casi poético en semejante fe. El pobre que defiende los privilegios del rico no siempre aspira a dejar de ser pobre. A veces parece conformarse con que el rico pueda seguir siéndolo mucho más.

Y llegamos, finalmente, a la palabra favorita de nuestros protagonistas: la libertad.

¡Ah, la libertad!

Pocas palabras han servido para defender intereses tan particulares con una apariencia tan universal. Porque, naturalmente, todos somos libres. El millonario es libre de elegir entre una clínica privada y un hospital público. El trabajador que no puede pagar la primera también es libre de elegir. Aunque su elección tenga la descortesía de estar decidida de antemano. Todos somos libres de comprar una vivienda. Algunos, incluso, pueden permitírselo. Todos somos libres de proporcionar a nuestros hijos la mejor educación. La diferencia es que unos pueden elegirla y otros deben conformarse con desearla. Pero la libertad sin medios para ejercerla es una cortesía exquisita: permite a todos hacer aquello que solo algunos pueden permitirse.

Por eso construimos el Estado del bienestar. No para eliminar la libertad, sino para impedir que fuera un privilegio hereditario. No para castigar el éxito, sino para evitar que el fracaso económico condenase a una persona a perder su dignidad. No para impedir que existieran ricos, sino para que la riqueza de unos no dependiera de la indefensión de otros.

Y conviene recordar algo que nuestros modernos apóstoles del mercado parecen haber olvidado: las pensiones públicas, la sanidad universal, la educación gratuita y los derechos laborales no fueron regalos de la generosidad empresarial. Fueron costosas conquistas sociales. Y las conquistas, a diferencia de los regalos, tienen la desagradable costumbre de exigir que alguien las defienda.

Es posible que la globalización también haya permitido reducir la pobreza en muchas regiones del planeta y haya generado avances económicos extraordinarios. Precisamente por eso resulta tan difícil justificar que sus beneficios no hayan servido para elevar de forma más homogénea las condiciones de vida.

Nunca debimos elegir entre el bienestar del trabajador europeo y el del asiático, el africano o el latinoamericano. La ambición razonable era que todos vivieran mejor. La solución que ahora nos proponen consiste en que algunos vivamos peor para que otros puedan seguir ganando más. Y lo más extraordinario es que todavía pretenden convencernos de que semejante sacrificio constituye una forma superior de libertad.

Quizá el gran triunfo intelectual del liberalismo económico contemporáneo no haya sido convencernos de que el mercado puede resolver todos los problemas. Ha sido convencernos de que, cuando no los resuelve, la culpa es de nuestros derechos. Primero nos dijeron que renunciáramos a proteger nuestro modelo social para poder competir con el mundo. Ahora nos dicen que debemos renunciar a nuestro modelo social porque no podemos competir con el mundo. Y tienen la exquisita desfachatez de llamar progreso a ambas cosas.

Al final, uno termina sospechando que, para determinados defensores del libre mercado, el Estado del bienestar tiene un defecto verdaderamente imperdonable: Funciona demasiado bien para quienes no pueden permitirse vivir sin él.